El PP sitia a Puig: dará al fiscal 1.580 facturas de Morella de empresas relacionadas con su hermano

El PP denunciará ante Fiscalía un total de 1.580 facturas del Ayuntamiento de Morella (Castellón) comprendidas entre los años 2010 hasta la actualidad (2023), cuyo montante se eleva a 721.762 € y que supuestamente corresponden a pagos efectuados «sin contrato» a empresas relacionadas con Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig, según ha anunciado este lunes la formación popular. Según el PP, una parte de esas facturas corresponden a los últimos dos años y medio en que el actual presidente y candidato socialista a la Generalitat Ximo Puig fue alcalde de la localidad. Morella es un pequeño municipio de la comarca de Els Ports (Los Puertos). Ximo Puig ostentó la Alcaldía de ese municipio entre los años 1995 y 2012.

A esas 1.580 facturas, el PP espera agregar las correspondientes a todo el periodo anterior en que Ximo Puig ya ostentaba la Alcaldía, que han sido formalmente solicitadas por el portavoz municipal del PP en ese ayuntamiento Jesús Lecha. Y «que nos tienen que facilitar en el transcurso de cinco días hábiles», según ha explicado el propio portavoz. El actual alcalde de Morella es el también socialista Ramsés Ripollés, que fue además quien relevó ya en la Alcaldía a Ximo Puig en 2012.

Una vez el PP tenga en su poder todas esas facturas, las mismas serán entregadas a la Fiscalía, para que investigue unos hechos «que han sido práctica reiterada en el Ayuntamiento de Morella o, en su caso, por las empresas públicas que dependen del Consistorio y que actúan como oficinas satélite del consistorio administrando el dinero de todos los vecinos de Morella», según ha relatado Lecha.

El caso del hermano de Ximo Puig

Francis Puig, el hermano de Ximo Puig, ya se encuentra imputado en el caso que abierto por un presunto fraude en la obtención de subvenciones de la Generalitat Valenciana, la de Cataluña y el Gobierno de Aragón a empresas relacionadas, precisamente, con el citado hermano de Ximo Puig.

La Audiencia Provincial de Valencia ha decidido recientemente dar por cerrada la fase de investigación que llevaba a cabo el juzgado de instrucción 4 de Valencia, a falta de que la Generalitat Valenciana y la de Cataluña entreguen las facturas presentadas por las citadas empresas. Una diligencia solicitada por el juez hace 13 meses.

La pasada semana, el juez que dirige el caso, decidió el archivo de las diligencias que se seguían contra uno de los hasta entonces imputados: el director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana Rubén Trenzano, a pesar de que tanto el Ministerio Fiscal como el PP, que ejerce de acusación a través de la presidenta de su grupo parlamentario la oriolana Eva Ortiz, se oponían.

El PP exige «luz y taquígrafos»

Este lunes, el presidente del PP de Castellón Salvador Aguilella ha reclamado «luz y taquígrafos» para evaluar «una práctica que el PSOE ha convertido en un clásico con total impunidad».

Miguel Barrachina, diputado autonómico, director de la campaña del PP valenciano y número 3 de la lista popular por Castellón, ha explicado que «los hechos que se relatan son de una gravedad extrema», por lo que «merecen que la Fiscalía investigue un modus operandi que arrancó en 1995 de la mano de Ximo Puig en la Alcaldía y que el hoy alcalde de Morella, sigue practicando».

También ha pedido a Ximo Puig «que deje de obstaculizar a la justicia», porque, a su juicio, «eso es lo que demuestra cuando el juzgado y la Fiscalía Anticorrupción le reclamaron hace 13 meses que aclarara el procedimiento por el cual en sólo tres años la familia del presidente de la Generalitat acabó cobrando 1,2 millones de € del dinero de todos los valencianos de una forma presuntamente fraudulenta. Acaba la legislatura y no ha dado respuesta a la demanda».

El PP, según ha explicado Barrachina, ya ha entregado a la Agencia Antifraude 427 facturas «sin contrato, que Ximo Puig tramitó al frente del Ayuntamiento de Morella por 119.000 € en sus últimos años de mandato. Tenemos contabilizadas otras 1.580 facturas correspondientes al periodo 2010-2023, que suman 721.762 €. Ahora, deseamos que el Ayuntamiento de Morella cumpla la ley y facilite los datos para que, de inmediato, podamos ponerlos en manos de la Fiscalía».